La Ley Europea de Accesibilidad

Qué es la Ley Europea de Accesibilidad

La Ley Europea de Accesibilidad es la Directiva (UE) 2019/882. Fija requisitos comunes de accesibilidad para una lista concreta de productos y servicios que se venden en la Unión Europea, con el objetivo de acabar con la situación en la que un producto accesible había que construirlo de veintisiete maneras distintas.

Una directiva no obliga directamente a las empresas: obliga a cada Estado miembro a aprobar su propia norma. Así que el requisito que de verdad te aplica es la ley española, o la alemana, o la irlandesa — y difieren en sanciones, órganos de control y obligaciones de información. La Directiva es el suelo, no el texto con el que se te va a medir.

Qué cubre

La Directiva enumera su ámbito en lugar de describirlo en abstracto, y eso es lo que convierte “¿me aplica la EAA?” en una pregunta con respuesta real.

Productos: equipos informáticos de consumo y sus sistemas operativos, terminales de pago, cajeros automáticos, máquinas de venta de billetes y facturación, equipos terminales de consumo para comunicaciones electrónicas y lectores de libros electrónicos.

Servicios: servicios de comunicaciones electrónicas, servicios de acceso a medios audiovisuales, determinados elementos de los servicios de transporte aéreo, ferroviario, por carretera y por vía navegable, servicios bancarios para consumidores, libros electrónicos y programas especializados, y comercio electrónico.

El comercio electrónico es la entrada que alcanza a más organizaciones. Se define como los servicios prestados a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un consumidor, con vistas a celebrar un contrato. En la práctica: si un consumidor puede comprar algo en tu web, el recorrido desde encontrar el producto hasta completar el pago es lo primero que hay que mirar.

A quién puede aplicarse

Las obligaciones recaen sobre los operadores económicos: fabricantes, importadores y distribuidores en el caso de los productos; prestadores en el caso de los servicios. Estar establecido fuera de la UE no elimina la obligación si vendes a consumidores de dentro.

Qué exenciones existen

Dos importan especialmente en la práctica, y las dos son más estrechas de lo que suele contarse.

Microempresas que prestan servicios. Menos de 10 personas y un volumen de negocio o balance anual que no supere los 2 millones de euros. La exención afecta a las obligaciones sobre servicios. No se extiende igual a las microempresas que comercializan productos, y es un umbral que se puede superar creciendo.

Carga desproporcionada. Un requisito puede no aplicarse cuando cumplirlo supondría una carga desproporcionada, evaluada conforme a los criterios de la Directiva. No es una declaración: es una evaluación que realizas, documentas y debes poder presentar. Los Estados miembros pueden exigir que se notifique a la autoridad competente.

Hay además contenidos que sencillamente quedan fuera: los contenidos archivados que ya no se actualizan y los contenidos de terceros que ni financias, ni desarrollas, ni controlas.

Cómo se relaciona con las WCAG y la EN 301 549

Es la relación que peor se explica, incluso por parte de quienes venden cumplimiento.

• Las WCAG son una norma técnica del W3C. No son ley en ningún sitio.
• La EN 301 549 es la norma europea armonizada de accesibilidad TIC. Incorpora las WCAG y añade requisitos que estas no cubren.
• La EAA es legislación, y remite a las normas armonizadas. Cumplir una norma armonizada genera una presunción de conformidad respecto de los requisitos que esa norma cubre.

La cadena es: WCAG → EN 301 549 → presunción de conformidad conforme a la norma nacional que transpone la EAA. Cumplir WCAG 2.2 nivel AA resuelve el fondo técnico. No descarga por sí solo lo demás: la declaración de accesibilidad, la documentación de conformidad, la evaluación interna cuando te acoges a una exención.

Quien te diga que un escáner te deja “conforme con la EAA” está describiendo un eslabón de esa cadena y llamándolo la cadena entera.

Qué hacer

Un orden práctico, que además coincide con el orden en que una auditoría lo saca a la luz:

1. Determina si estás en el ámbito, y para qué servicios. Es una cuestión jurídica; la lista de arriba te dice si merece la pena preguntarla.
2. Audita primero los recorridos de cara al consumidor — en comercio electrónico, de la ficha de producto al pago. Ahí las barreras impiden la transacción, no solo la incomodan.
3. Corrige antes lo que impide completar que lo que simplemente empeora la experiencia.
4. Verifica las correcciones, porque una corrección que nadie ha vuelto a probar es una corrección que nadie ha confirmado.
5. Publica una declaración de accesibilidad que refleje lo que realmente has encontrado, incluido lo que aún no está resuelto.
6. Conserva la documentación, sobre todo si te acoges a alguna exención.

Qué puede y qué no puede establecer una auditoría

Una auditoría de accesibilidad puede decirte qué barreras existen, qué criterios de éxito incumplen, a quién afectan y qué hay que cambiar. Te da la evidencia técnica y el plan de corrección.

No puede decirte si cumples la ley. Esa determinación depende de tu jurisdicción, de la transposición nacional, del tamaño de tu organización, de la naturaleza de tu servicio, de las exenciones a las que te acojas y de la evaluación que las sustente. Es una cuestión para un profesional del derecho, y cualquier proveedor que te la responda en un informe está yendo más allá de lo que puede saber.